Receta online en España: qué permite la ley y qué no

El texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, lo dice en su artículo 3, apartado 5: «Se prohíbe la venta, por correspondencia y por procedimientos telemáticos, de medicamentos y productos sanitarios sujetos a prescripción.»

La norma que regula la venta a distancia lleva la limitación en el propio título: el Real Decreto 870/2013 regula la venta al público, a distancia y a través de sitios web, de medicamentos «no sujetos a prescripción médica». No hay una segunda norma que abra esa puerta para los que sí la requieren.

La prohibición se dirige al vendedor, no al paciente. Es una afirmación sobre quién puede vender qué, y por eso resulta comprobable: una farmacia autorizada figura en un registro público, y ese registro no incluye medicamentos con receta porque legalmente no puede incluirlos.

La receta electrónica es la vía ordinaria en el Sistema Nacional de Salud, regulada por el Real Decreto 1718/2010 y operativa entre comunidades autónomas a través de la Receta Electrónica Interoperable. El paciente no lleva papel: la prescripción queda asociada a su tarjeta sanitaria.

La consecuencia práctica es que la primera mitad del camino puede ser remota y la segunda no. Un médico puede prescribir, la receta puede ser electrónica, y la dispensación ocurre en una farmacia física a la que hay que entrar.

España no tiene una norma específica que regule por separado la consulta médica a distancia, a diferencia de Francia, donde las sociedades de teleconsulta necesitan una autorización estatal. Aquí lo comprobable es el profesional: el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios permite buscar a un médico por nombre y apellidos.

La AEMPS mantiene DISTAFARMA, el sitio que reúne los listados de farmacias autorizadas para la venta a distancia. Si una web vende medicamentos sin receta y es legal, su farmacia aparece ahí; si no aparece, no lo es, y da igual lo cuidada que esté la web.

El segundo indicio es el logotipo común europeo, obligatorio en cada página desde la que se ofrezcan medicamentos por el artículo 8.3.c del Real Decreto 870/2013. Es un rectángulo con la bandera del país y debe ser un enlace activo que lleve al listado oficial.

Un logotipo que sea solo una imagen, sin enlace, o que enlace a una página del propio vendedor, es exactamente lo que parece. La comprobación consiste en pulsarlo y ver dónde termina.

Que se ofrezca a hacer algo que la ley prohíbe al vendedor. No hace falta interpretar sus intenciones ni evaluar la calidad de su cuestionario: la oferta misma queda fuera del artículo 3.5.

Esto no dice nada sobre usted como comprador ni sobre el medicamento en abstracto. Dice quién está al otro lado, y es la información más útil que se puede obtener antes de dar un número de tarjeta.

La ruta legal existe y no es especialmente incómoda: consulta con un médico, receta electrónica, farmacia. Es más lenta que un formulario de tres preguntas, y esa lentitud es precisamente el punto en el que alguien comprueba que el medicamento le conviene.